A más de dos décadas del asesinato de Paulina Lebbos, su padre, Alberto Lebbos, ha denunciado que 25 causas vinculadas al caso central se encuentran estancadas en Tucumán. Esta situación genera preocupación sobre la posible impunidad de funcionarios y presuntos encubridores, quienes podrían evadir la justicia debido a la prescripción del caso.
Lebbos presentó un escrito ante el Ministerio de Justicia de la Nación, solicitando la intervención del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI). Su objetivo es auditar los expedientes y determinar las acciones tomadas desde la orden de investigación emitida el 25 de febrero de 2019.
El padre de Paulina apuntó al Ministerio Público Fiscal de Tucumán, liderado por Edmundo Jiménez, y destacó que han pasado más de siete años desde el fallo judicial sin que haya acceso formal al estado de los 25 expedientes. Lebbos advirtió que la falta de impulso en estos casos podría cerrar la puerta a la identificación de responsables.
El contexto del caso es alarmante. Paulina desapareció en febrero de 2006 y su cuerpo fue encontrado trece días después a un costado de una ruta. Hasta el momento, no ha habido condenas por el crimen, aunque en mayo de 2026, la Justicia absolvió al principal acusado, César Soto, mientras que otras nueve personas fueron condenadas por encubrimiento.
Entre los antecedentes más preocupantes se incluye al exfiscal Carlos Albaca, quien fue condenado por obstaculizar la investigación durante años. La Justicia ha determinado que la persona encargada de esclarecer el homicidio fue quien más complicó la búsqueda de la verdad. Esta historia de irregularidades hace que la denuncia sobre las 25 causas sin avances no sea simplemente un retraso administrativo.
El reclamo de Lebbos pone en entredicho no solo al Ministerio Público Fiscal, sino también al gobierno de Osvaldo Jaldo, que no puede ignorar el caso bajo el argumento de la independencia judicial. La Provincia tiene la obligación de asegurar la colaboración de todos sus organismos en las auditorías, conservar la documentación y proporcionar información verificable a la familia sobre el estado de cada expediente.
Es fundamental que la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público no se convierta en un silencio prolongado. Jiménez debería hacer público, sin violar el secreto de las investigaciones, detalles sobre cada causa, incluyendo la fiscalía involucrada, la fecha de la última medida, las diligencias pendientes y los plazos de prescripción.
Si los expedientes han avanzado, esta información podría refutar las acusaciones. En caso contrario, la responsabilidad institucional será difícil de ocultar. El caso Lebbos ha expuesto durante veinte años una serie de irregularidades, encubrimientos y fallas estatales. La existencia de 25 investigaciones en riesgo de cerrarse sin respuestas podría significar que la búsqueda de justicia se convierta en otro capítulo de impunidad.
Fuente: NA
