Un total de 52 penitenciarios de la cárcel de Ezeiza, entre ellos jefes de la unidad y dos médicos, enfrentan un juicio oral y público por torturas a presos durante un motín que tuvo lugar en 2019. Los hechos incluyen la formación de una «montaña humana» con los detenidos, el uso de gas lacrimógeno y la privación de alimentos durante varios días.
La decisión de elevar la causa a juicio fue tomada por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte tras la solicitud de la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal general Alberto Gentili, quienes representan a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y a la Procuración Penitenciaria de la Nación, que actúa como querellante. Además, el juez dictó la inhibición general de bienes de los acusados.
Los incidentes comenzaron el 9 de junio de 2019, cuando un grupo de internos del Pabellón B protestó por cambios en el horario de visitas, lo que llevó a un descontrol que incluyó insultos y el incendio de colchones. La respuesta fue la intervención de un cuerpo de requisa extraordinario, que utilizó escudos, gas pimienta y munición antitumulto para restablecer el orden.
Los informes indican que los agentes del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI) dispararon hacia el interior del pabellón, causando lesiones a varios detenidos, de los cuales 15 presentaron lesiones y dos sufrieron fracturas. En una celda individual, nueve reclusos fueron atacados con gas pimienta a través de la mirilla, lo que provocó una situación de asfixia extrema para uno de ellos.
Después de la requisa, los internos fueron obligados a desnudarse y a documentar sus heridas ante los mismos agentes que los habían agredido. Las grabaciones de este procedimiento se convirtieron en pruebas clave para el caso.
Los médicos involucrados, Martín Perisset y Fernando Troisi, están acusados de falsedad ideológica y de omisión en la denuncia de torturas, ya que no examinaron adecuadamente a los heridos. Tras el incidente, se implementó un régimen de «sectorización» que, aunque formalmente preventivo, resultó ser una sanción colectiva, prohibida por la ley.
En los días posteriores, los reclusos fueron privados de comida, lo que llevó a una situación insalubre en el pabellón. La intervención de una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial reveló un panorama alarmante, con los detenidos pidiendo ayuda por comida y agua.
Los acusados enfrentan penas de entre 8 a 25 años de prisión por tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos. La defensa argumenta que la requisa fue necesaria debido a la resistencia de los reclusos, aunque el juez ha rechazado estas alegaciones al considerar que no se presentó evidencia nueva que justifique una revisión de las decisiones previas.
Fuente: La Nación
