Integrantes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa han denunciado que el área de Niñez ha obstaculizado las entrevistas programadas para revisar las actuaciones administrativas del sector, lo que las llevó a elevar una presentación formal al gobernador Sergio Ziliotto.
El conflicto se desató el pasado martes 20 de octubre, cuando el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, asistió a la Legislatura acompañado por funcionarios de su dependencia. El desacuerdo se centró en la forma de llevar a cabo las entrevistas y la presencia de los equipos técnicos.
Las legisladoras afirmaron que habían organizado reuniones individuales, mientras que las autoridades del área insistieron en que las respuestas se dieran de manera conjunta. Además, denunciaron que los equipos profesionales convocados no asistieron, alegando el secreto profesional como justificación, según lo indicado en el comunicado de la comisión.
Desde el Gobierno, se defendió una interpretación diferente, argumentando que la convocatoria había sido conjunta y que los empleados técnicos, bajo el régimen de empleo público, no podían ser interrogados como ministros. También se mencionó la confidencialidad de sus intervenciones y la existencia de actuaciones bajo control judicial.
Bonino subrayó que los responsables políticos y jerárquicos debían rendir cuentas por el trabajo del área, recordando que ya se había enviado un informe escrito que respaldaba la actuación de los profesionales. La versión oficial rechazó que la negativa a presentar a los equipos técnicos representara una obstrucción al proceso.
La investigación parlamentaria se enfoca en los procedimientos administrativos relacionados con el retiro de un bebé de una familia de contención en Rancul, antes de su entrega a otra familia para iniciar el proceso de adopción. La comisión está compuesta por las legisladoras Sandra Fonseca, María Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara.
Es importante destacar que esta investigación no debe confundirse con un frente penal. Un dictamen de la fiscal adjunta Anabella Libertad Kletzel, hecho público el 20 de octubre, descartó la existencia de elementos que pudieran acreditar delitos, malos tratos o uso ilegítimo de la fuerza en el procedimiento denunciado. La fiscal se limitó a evaluar posibles delitos y no a revisar la validez de las decisiones civiles sobre protección y adopción.
Tras el desacuerdo legislativo, las integrantes de la comisión se dirigieron al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos para exponer la situación al ministro Diego Álvarez. Sin embargo, no lograron ser recibidas debido a su ausencia. Posteriormente, formalizaron su reclamo dirigido al gobernador Ziliotto.
Fuente: NA
