La concejal de Doral, Maureen Porras, ha solicitado una revisión del acuerdo 287(g) que vincula a la Policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta propuesta, sin embargo, no se encuentra en la agenda del Concejo para la reunión programada del 18 de noviembre.
El acuerdo 287(g), aprobado por unanimidad en abril de 2025, permite a ICE delegar ciertas funciones de control migratorio a agentes locales. Porras busca abrir un espacio de diálogo público sobre este tema crucial, mientras la ciudad espera una evaluación del fiscal general de Florida sobre la posibilidad de desvincularse de un acuerdo ya en vigor.
El convenio original fue autorizado por el Concejo, y en ese momento, el abogado de la ciudad indicó que no había alternativas. En un memorando, Porras ha señalado que la Policía de Doral no ha recibido capacitación ni ha participado en operaciones con ICE bajo este acuerdo, lo que ha llevado al jefe policial, Matthew Castillo, a confirmar que no hay agentes formados para ello.
A pesar de la intención de Porras de eliminar el acuerdo, ella misma ha reconocido que esto no detendría las operaciones de ICE en la ciudad. Doral, que alberga una significativa población de origen venezolano, ha visto un incremento en la actividad de ICE en los últimos meses, lo que ha generado preocupación entre los comerciantes y la comunidad.
Un grupo de ciudadanos ha presentado una petición, respaldada por 170 firmas, para solicitar la terminación del acuerdo. En un contexto político complejo, donde Donald Trump ganó en Doral por 23 puntos en 2024, y la reciente derrota del republicano Byron Donalds ha marcado un giro significativo en la política local.
El abogado municipal, Cobiella, ha advertido sobre las posibles implicaciones legales de discutir la rescisión del acuerdo, citando acciones previas del fiscal general en otras ciudades de Florida. Además, un juez desestimó una demanda contra South Miami, lo que deja en el aire la capacidad de los municipios para retirarse de acuerdos similares sin contravenir la ley estatal.
Porras ha indicado su intención de presentar una moción para discutir el asunto en noviembre, y si no tiene éxito, planea llevarlo al Concejo en diciembre. Según la Ley de Transparencia de Florida, los concejales no pueden debatir este tema fuera de una reunión pública, lo que complica aún más la situación.
La alcaldesa Fraga ha expresado que hay espacio para discutir el tema, aunque subraya la importancia de contar con asesoría legal adecuada y entender las consecuencias de cada decisión. La espera por la opinión del fiscal general continúa, lo que podría influir en el futuro del acuerdo entre Doral y el ICE.
Fuente: La Nación
