La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ha realizado estimaciones acerca del impacto fiscal del proyecto de ley sobre discapacidad, que cuenta con un dictamen de mayoría. Según la OPC, el costo fiscal podría ascender a 0,07% del PIB para el año 2028 y 0,04% en 2027.
Este dato es crucial, ya que el oficialismo pretende minimizar el efecto sobre las cuentas públicas para mantener el superávit fiscal y así persuadir a los sectores aliados de no aportar quórum en la sesión programada para el 15 de octubre, donde se buscará también anular el DNU 70.
De acuerdo con el informe, el costo fiscal estimado sería de $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028. La variación se origina en dos escenarios: uno que contempla una incorporación gradual de beneficiarios en el primer año y otro que proyecta la inclusión de todos los beneficiarios desde el inicio del ejercicio siguiente.
El informe establece que el universo de potenciales nuevos titulares se determina aplicando un límite de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre la población de entre 18 y 64 años que posee un Certificado Único de Discapacidad vigente pero que actualmente no recibe la pensión por invalidez laboral.
La OPC señala que el primer escenario representa un incremento del 6,1% en el gasto total en pensiones no contributivas, según lo incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027. Este análisis se enfoca únicamente en el esfuerzo financiero adicional.
El reporte aclara que no se incluyen los gastos que el Estado ya realiza, como el pago de la Pensión No Contributiva (PNC), que beneficia a 1.141.486 personas, ya que estas erogaciones son parte del gasto corriente.
Además, el informe aborda la cobertura médica de los beneficiarios de las pensiones, señalando que aproximadamente 76 mil nuevos titulares podrían requerir el respaldo del Plan Federal Incluir Salud. Sin embargo, la OPC no estima un costo monetario debido a la variabilidad en el uso de los servicios y la superposición con el sistema público de salud.
En términos de obligaciones financieras, el estudio indica que el dictamen en cuestión mantiene una obligación preexistente y no genera gastos adicionales. Esta obligación se había estimado previamente en $278.323 millones.
El documento también detalla las previsiones presupuestarias, indicando que si la iniciativa se implementara en 2027, el Proyecto de Presupuesto 2027 reserva $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para cubrir mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de las cuales el escenario gradual absorbería el 16,4%.
Asimismo, se prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud, destinados a respaldar las erogaciones contempladas en la normativa en estudio.
Fuente: NA
