En la democracia, se asume que cada ciudadano tiene un voto equivalente, pero la realidad del sistema electoral argentino revela un panorama diferente. La arquitectura institucional presenta correcciones y desequilibrios que responden a necesidades políticas y constitucionales, como lo establece el artículo 1° de la Constitución en relación al federalismo.
La representación en el Senado es uniforme, otorgando a todas las provincias la misma cantidad de senadores, independientemente de su población. Esto busca evitar que decisiones importantes sean dominadas solo por las áreas más pobladas del país. Por otro lado, la Cámara de Diputados se rige por un principio diferente, donde la representación se vincula a la población, como estipula el artículo 45 de la Constitución Nacional.
A pesar de que la representación en la Cámara baja debería ser proporcional, el sistema actual genera subrepresentación en provincias con alta densidad poblacional. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, que representa el 38,1% de la población total, cuenta con solo el 27,2% de los escaños en esta Cámara. Esta disparidad también se observa en otras provincias como Córdoba, que tiene un 7% de representación con un 8,3% de la población.
La última actualización de la representación se realizó con la ley de facto 22.847, que estableció un diputado por cada 161.000 habitantes, un criterio que no se ha revisado en más de 40 años. Según el Censo Nacional 2022, la población ha aumentado significativamente, lo que pone de manifiesto la necesidad de un ajuste en la distribución de los escaños.
Si se aplicara la proporción de 161.000 habitantes por diputado, la Cámara de Diputados podría aumentar de 257 a 359 representantes. Sin embargo, normas históricas impiden que ciertos distritos disminuyan su representación por debajo de lo que tenían en 1976, lo que complicaría cualquier intento de reforma.
La crisis de representación va más allá de la simple distribución de bancas. La influencia de los partidos políticos y mecanismos como el arrastre de lista también distorsionan el voto ciudadano. En un contexto donde el ausentismo electoral y la desaprobación hacia la clase política son crecientes, la cuestión de la representación se vuelve aún más crítica.
Una discusión sobre la actualización de la representación parlamentaria podría ser clave para mejorar la relación entre representantes y representados, pero no resolverá por sí sola el distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones democráticas. La reforma electoral debe considerar estos fenómenos más amplios que afectan la percepción de los ciudadanos sobre su representación.
Fuente: NA
