El Gobierno argentino ha decidido intensificar los controles sobre los subsidios destinados a la electricidad y el gas, tras detectar un alto número de solicitudes irregulares. La Secretaría de Energía ha rechazado un total de 17.843 solicitudes provenientes de usuarios que residen en zonas de alto poder adquisitivo, como Puerto Madero, countries y barrios cerrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Córdoba.
Esta medida se enmarca dentro de un plan más amplio que incluirá la extensión del mecanismo de georreferenciación a la provincia de Neuquén, con el objetivo de identificar a aquellos hogares que tienen la capacidad económica para afrontar el costo de los servicios sin necesidad de asistencia estatal. El análisis realizado por el Gobierno también ha revelado que, desde julio de 2025, 1.508 documentos han registrado múltiples intentos de inscripción, a pesar de haber sido previamente rechazados.
La implementación de este sistema, que comenzó en 2025 para el AMBA y otras áreas, se basa en el cruce de datos entre la localización de los suministros y la información sobre urbanizaciones cerradas, determinando así si los residentes tienen la capacidad económica para pagar las tarifas. En este sentido, se estima que alrededor de 500 usuarios actualmente beneficiados podrían ser excluidos tras la revisión en Neuquén.
Para llevar a cabo esta identificación en la provincia, se han utilizado Sistemas de Información Geográfica (GIS) y datos de imágenes satelitales, los cuales fueron contrastados con los registros de usuarios de las distribuidoras y organismos reguladores. La Disposición 11/2026 de la Secretaría de Energía establece este nuevo procedimiento, que también permite a los usuarios afectados solicitar una revisión a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
Además de esta acción específica, el Gobierno ha anunciado que procederá a una depuración masiva de la base de datos de subsidios energéticos. Se estima que cerca de un millón de solicitudes iniciadas desde 2022 serán desestimadas, ya que nunca se completaron adecuadamente o no contienen información válida.
Es importante aclarar que esta medida no implica la eliminación de subsidios a un millón de hogares, sino que se refiere a trámites que no se concretaron en beneficios efectivos. Antes de dar de baja estas solicitudes, el Gobierno notificará a los titulares a través de diversos canales, dándoles un plazo de 60 días para corregir o completar la información necesaria.
Esta iniciativa busca optimizar el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y eliminar registros duplicados o incorrectos, asegurando así que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan. Por último, se hace una excepción para los usuarios de gas licuado de petróleo envasado, ya que su suministro no puede ser vinculado mediante el mismo procedimiento.
Fuente: La Nación
