El último informe de Gendarmería sobre los audios involucrados en el caso Andis, que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, ha puesto en entredicho las afirmaciones del Gobierno respecto a la autenticidad de estos archivos. Según el peritaje, no se pudo determinar si las señales de habla corresponden a Diego Orlando Spagnuolo.
El informe, que fue firmado por varios peritos, incluyó críticas de parte de los expertos de la fiscalía, quienes expresaron su desacuerdo con la falta de una muestra de voz de Spagnuolo para realizar un cotejo adecuado. Este aspecto es fundamental, especialmente en relación a uno de los audios más discutidos, conocido como «que tiene lule menem con Karina.mp4».
En el análisis se destaca que se recibieron 58 archivos de sonido, de los cuales solo 14 se consideraron aptos para el estudio. A pesar de esto, el informe subraya que los audios presentan «características acústicas compatibles con un proceso de regrabación», sugiriendo posibles manipulaciones. Las conclusiones mencionan «indicios técnicos» sin poder establecer un método claro sobre cómo se pudieron editar las grabaciones.
Además, los peritos de la División Acústica Forense advirtieron sobre la falta de herramientas adecuadas para detectar posibles usos de inteligencia artificial en la creación de voces sintéticas. Esta limitación ha sido un punto de controversia, dado que la evaluación de los audios podría no ser definitiva.
Las diferencias entre los peritos de la fiscalía y los de Gendarmería se hicieron evidentes, especialmente en la forma en que se abordaron los análisis de los audios. La falta de una transcripción del contenido del archivo mencionado ha generado aún más incertidumbre respecto a la validez de las pruebas presentadas.
El contexto de la investigación es crítico para la administración actual, liderada por Javier Milei, ya que se ha señalado que los audios son parte de una estrategia de defensa para desacreditar la investigación en curso. Sin embargo, la fiscalía sostiene que los audios no son cruciales para el caso, dado que existen otros informes que evidencian irregularidades en las contrataciones de Andis.
Mientras tanto, la causa sigue su curso con indagatorias programadas para noviembre, y el juez Ariel Lijo deberá definir la situación procesal de los involucrados en este complejo entramado de corrupción.
Fuente: La Nación
