La historia del sindicalismo argentino ha estado marcada por casos que revelan la corrupción y el abuso de poder de algunos dirigentes. Uno de los episodios más recientes involucra al exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, quien enfrenta serias acusaciones de corrupción, nepotismo y manejo irregular de fondos.
El escándalo comenzó con la apropiación de al menos 11 vehículos del sindicato destinados al uso personal y familiar de Furlán. Sin embargo, esto es solo una parte de un entramado financiero más complejo que actualmente está siendo investigado por el juez federal Julián Ercolini.
El eje del conflicto se centra en un convenio firmado en febrero de 2023, donde Furlán cedió la administración de los aportes de los afiliados a USEM S.A., una empresa creada por María Soledad Calle, quien es tanto empleada del gremio como militante de La Cámpora. Este acuerdo a diez años le permitió a la empresa obtener una comisión del 0,5%, lo que se traduce en una facturación aproximada de 100 millones de pesos mensuales.
Este convenio ha generado preocupación, especialmente tras la adquisición de un departamento en agosto de 2025 por parte de Calle, ubicado cerca del domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner. Las visitas frecuentes de Furlán y Calle a esta propiedad han llevado a cuestionar si existieron violaciones a la condena de arresto domiciliario impuesta a Kirchner.
El fiscal Eduardo Taiano ha iniciado acciones penales por lavado de dinero contra Calle, cuyo repentino ascenso patrimonial, incluyendo propiedades de lujo y una camioneta BMW, no se puede justificar con su historial financiero anterior.
Afortunadamente, la Justicia ha intervenido en la UOM por un período de 180 días, designando a Alberto Biglieri como interventor. En este tiempo, se ha logrado suspender el contrato con USEM S.A. y desvincular a Calle del gremio. Además, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha declarado nulas las elecciones que llevaron a Furlán al liderazgo del sindicato.
Sin embargo, estos pasos no son suficientes. La situación actual requiere una respuesta judicial contundente y una condena ejemplar para erradicar la corrupción dentro de las estructuras sindicales, donde muchos dirigentes han amasado fortunas a costa de los trabajadores a quienes representan.
Fuente: La Nación
