Las fotomultas, concebidas inicialmente como un medio para prevenir accidentes y promover una conducción responsable, han evolucionado en la provincia de Buenos Aires a un esquema que prioriza la recaudación sobre la seguridad vial. Este sistema ha sido calificado como nefasto, lleno de irregularidades y sospechas judiciales.
La reciente investigación judicial que involucra al exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, ha puesto en evidencia una red de corrupción relacionada con este sistema. D’Onofrio, que ha sido procesado por lavado de activos, está vinculado a un esquema en el que exfuncionarios y exjueces también están denunciados. Se señala que estos intermediarios contactaban a infractores, ofreciéndoles reducir sus multas a cambio de un pago que oscila entre el 30 y el 50 por ciento del monto original.
El debate sobre la necesidad de sancionar el exceso de velocidad es innegable, pero el problema radica en que este sistema de fotomultas carece de un control estatal adecuado y no se basa en una política de prevención y educación vial. Aparentemente, los recursos generados por las multas no se utilizan para mejorar la seguridad en las vías.
Adicionalmente, se ha revelado que las municipalidades reciben solo un porcentaje de las multas, y en muchos casos, ese ingreso se desvía a convenios con universidades, que actúan como intermediarias en un proceso que evita licitaciones públicas y favorece a empresas privadas. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia del sistema.
La legislación vigente establece que el control de las infracciones no debe privatizarse, sin embargo, en la práctica, el control de las fotomultas se ha delegado a entidades privadas. Esto no solo contradice la ley, sino que también genera incentivos perversos, donde la rentabilidad de estas empresas depende del número de multas generadas.
La situación ha llevado a que muchos ciudadanos perciban las fotomultas como una trampa cazabobos. Con sanciones que pueden variar considerablemente, la falta de control y la ausencia de un enfoque en la educación vial han hecho que este sistema ya no se vea como una medida de seguridad, sino como un mecanismo de recaudación.
La reciente decisión de suspender el sistema de fotomultas en el municipio de San Isidro, tras detectar inconsistencias, demuestra que existen problemas que requieren revisión. Sin embargo, el silencio de muchos otros municipios y de la provincia en general sugiere que el tema es delicado, ya que un cuestionamiento judicial podría abrir la puerta a la nulidad de muchas infracciones ya impuestas.
Mientras continúen existiendo incentivos económicos prohibidos y un sistema opaco, las fotomultas serán vistas como un negocio más que como una herramienta de prevención. Por lo tanto, se hace urgente desmantelar este esquema y reconstruir un sistema que realmente priorice la seguridad vial y la transparencia.
Fuente: La Nación
