Un certificado médico se ha convertido en uno de los elementos centrales en la demanda presentada por Emanuel Alejandro Ocaña Francia contra AstraZeneca y el Estado nacional. A través de este documento, Ocaña busca demostrar que los problemas de salud que enfrenta están relacionados con la vacuna contra el Covid-19.
La documentación, emitida por el médico Agustín Muñoz el 20 de agosto de 2024, se presenta como un «certificado médico con nexo causal», y está acompañado por el registro del caso como un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI). Este certificado menciona un síndrome de trombocitopenia-trombosis tras la vacunación y diversas complicaciones de salud.
Entre las afecciones descritas se encuentran accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales con alteraciones cognitivas, y crisis convulsivas que requieren medicación específica. Ocaña, de 34 años, recibió dos dosis de la vacuna AstraZeneca en 2021, y ha demandado una indemnización total de $191.066.282,99 por los daños que atribuye a estas inoculaciones.
La demanda detalla que, tras la primera dosis, Ocaña experimentó fuertes dolores de cabeza y episodios de hemorragia nasal, además de desarrollar presión arterial elevada. Después de la segunda dosis, los síntomas se agravan incluyendo crisis convulsivas que requirieron múltiples internaciones.
La historia clínica de Ocaña también documenta antecedentes de convulsiones y hipertensión severa, así como estudios que revelaron lesiones cerebrales y alteraciones renales. En noviembre de 2023, fue internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires para un examen más profundo.
La complejidad del proceso judicial
Si bien el certificado médico es un elemento importante en la estrategia del demandante, no establece de forma definitiva la relación causal entre la vacuna y las patologías denunciadas. Uno de los puntos cruciales que el proceso legal deberá resolver es precisamente este nexo. La defensa de Ocaña ha solicitado una pericia médica oficial para evaluar las historias clínicas y determinar la conexión entre los diagnósticos y la vacuna.
El análisis médico-legal presentado en noviembre de 2024 calcula una incapacidad del 70%, un dato que también deberá ser verificado durante el proceso. Así, el certificado médico y el registro ESAVI son parte de las pruebas con las que Ocaña espera respaldar su hipótesis, mientras que la decisión final sobre la causalidad dependerá de la evaluación judicial.
Fuente: NA
