La situación del PAMI, la obra social de los jubilados que alberga a 5,4 millones de afiliados, se torna cada vez más crítica. Funcionarios del Gobierno han coincidido en que esta entidad es «deficitaria por definición» y ha dependido históricamente de la asistencia del Tesoro. A pesar de los esfuerzos realizados durante la administración de Javier Milei, que destinó aproximadamente 800.000 millones de pesos entre letras y aportes convencionales, la situación no ha mejorado.
La eliminación del impuesto PAIS, que anteriormente destinaba el 70% de su recaudación al PAMI y a la ANSES, ha acentuado la crisis. Si el impuesto hubiera permanecido vigente, se estima que este año habría aportado 2,8 billones de pesos a la obra social, contrastando con los 1,6 billones de pesos que se anticipan como aportes del Tesoro en 2026.
La caída en la recaudación, visible desde noviembre pasado, ha sido objeto de discusiones entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Lugones planteó la necesidad de un 40% más de presupuesto para el PAMI, pero la respuesta de Caputo fue negativa. La presión por un ajuste ha llevado a conflictos internos, con Santiago Caputo responsabilizando a Carlos Guberman, secretario de Hacienda.
La situación se complica aún más, ya que ceder el 40% adicional solicitado por Lugones equivaldría al 0,44% del PBI, lo que impactaría en el superávit financiero del país. Por lo tanto, el PAMI se ha convertido en un tema delicado dentro de un Gobierno que busca mantener el equilibrio fiscal mientras enfrenta un contexto de caída de la inflación.
En medio de esta crisis, el PAMI ha experimentado renuncias significativas, como la de María Florencia Zicavo, síndico general, y Juan Cruz Montero, coordinador ejecutivo. A pesar de la designación de Verónica Pérez como reemplazo, las diferencias internas persisten y afectan la operativa del organismo.
El presupuesto del PAMI ha aumentado un 37,5% desde que asumió Milei, un incremento que resulta insuficiente frente a la inflación acumulada del 329% en el mismo período. Esta disparidad ha llevado a tensiones con prestadores de salud que han comenzado a cesar atención a afiliados, como el caso del Sanatorio de Concordia, que representa a 15.000 pacientes.
La crisis del PAMI se siente en todo el país, provocando protestas y paros en diversas clínicas y sanatorios. Esta problemática se ve influenciada por la estructura de poder dentro del PAMI, donde muchas de las 38 unidades de gestión local están lideradas por autoridades que responden más a intereses políticos que a criterios sanitarios, generando desconfianza en torno a la efectividad de las decisiones que se tomen en el futuro.
Fuente: La Nación
