La Ley 27.401 ha otorgado a los jueces argentinos una responsabilidad sin precedentes: evaluar la integridad de las organizaciones. Esto implica que al determinar la responsabilidad penal de una persona jurídica, el magistrado debe considerar si la entidad poseía y cumplía con reglas internas, cómo supervisaba a sus empleados, si identificó irregularidades y cuál fue su respuesta ante ellas.
El Desafío del Poder Judicial
Surge una pregunta crucial: ¿qué programa de integridad tiene el propio Poder Judicial? Aunque existen numerosas reglas y controles, aún no se cuenta con un sistema que los integre de manera efectiva. Es fundamental mantener la independencia del Poder Judicial, pero los principios de un sólido sistema de compliance, como la prevención, la identificación de riesgos y la rendición de cuentas, no solo son compatibles con esta independencia, sino que también pueden fortalecerla.
Las Capas de la Integridad Judicial
Es importante no confundir la elaboración de nuevas reglas éticas con la existencia de las actuales. La Ley 24.937, por ejemplo, ya considera faltas disciplinarias diversas infracciones, mientras que el proyecto de Código de Ética Judicial, aprobado por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura, busca establecer conductas de excelencia que vayan más allá del mínimo. Sin embargo, este texto carece de carácter sancionatorio y no incluye a la Corte Suprema, lo que limita su efectividad.
Más Allá de un Código de Ética
Las empresas han aprendido que un Código de Conducta no es suficiente para garantizar un programa de compliance. La Ley 27.401 señala que un Programa de Integridad debe incluir un análisis periódico de riesgos, capacitación obligatoria, canales de denuncia, investigaciones internas y un responsable de supervisión. En el ámbito judicial, los riesgos pueden incluir reuniones inadecuadas con partes, manejo de bienes secuestrados y filtraciones de información.
La Selección de Jueces y la Gestión Judicial
La selección de jueces es un punto crucial. Un programa de integridad debe comenzar desde esta etapa, garantizando que la idoneidad de los postulantes sea evaluada adecuadamente. La Constitución exige una idoneidad que va más allá de la mera formación en Derecho; se requiere un perfil claro que contemple la capacidad para administrar poder público. La reciente discusión sobre el Reglamento de Concursos es una oportunidad para abordar este tema.
La Importancia de la Gestión Judicial
La mala gestión es otro aspecto que debe abordarse. La ética judicial no debe limitarse a la corrupción; un juez puede ser íntegro y aún así tener un mal desempeño en su tribunal. La Ley 24.937 relaciona la responsabilidad disciplinaria con la calidad del servicio de Justicia, por lo que es necesario establecer indicadores claros que permitan medir el desempeño judicial de manera efectiva.
Supervisión y Estructura de Recursos Humanos
La supervisión de estos sistemas no debe recaer en la misma autoridad que ejerce la potestad disciplinaria. Es esencial que esta función esté a cargo de un área técnica de recursos humanos, separada de la disciplina judicial, para evitar conflictos de interés y garantizar una evaluación objetiva.
Un Llamado a la Acción
La Ley 27.401 exige que las políticas de integridad abarquen todos los niveles del Poder Judicial, no solo a quienes firman sentencias. La independencia judicial debe ser protegida, pero también es necesario exigir responsabilidad en el ejercicio de la función. La distancia entre declarar reglas y construir una cultura de integridad es notable, y es hora de que el Poder Judicial implemente un sistema de compliance para sí mismo.
La confianza en los tribunales no se restaurará únicamente con mejores sentencias o con un nuevo Código de Ética; se requerirá que la integridad sea parte integral y cotidiana de la administración de Justicia.
Fuente: La Nación
