El Juzgado Federal N°4 ha tomado una decisión importante al procesar a D.E.V., una obstetra de 88 años, por ser acusada de delitos graves relacionados con la supresión y alteración del estado civil de un menor, así como falsedad ideológica de documento público. Esta resolución se produce en el contexto de una denuncia presentada por un hombre que nació en 1978, quien afirma haber sido entregado ilegalmente a una familia.
El juez federal Carlos Vera Barros fue el encargado de dictar este procesamiento tras la declaración de la imputada. El caso original fue iniciado por un denunciante de 48 años que reveló haber sido víctima de un intercambio ilegal de bebés, lo que llevó a la apertura de una investigación más amplia en la que se han presentado al menos cuatro denuncias adicionales por situaciones similares.
La investigación, que se encuentra bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Rosario, ha revelado un patrón preocupante. La obstetra es investigada por presuntamente haber emitido declaraciones falsas en el acta de nacimiento de varios niños, lo que ha generado incertidumbre sobre la identidad de al menos cuatro personas nacidas entre 1968 y 1980.
En el caso específico del denunciante, se le atribuye a D.E.V. haber falsificado información en el acta de nacimiento de un niño nacido en 1978, en la que se afirmaba que N.L. y R.N.F. eran sus padres biológicos. Este documento fue utilizado para obtener un Documento Nacional de Identidad, lo que ha llevado al denunciante a desconocer su verdadera filiación.
Las pruebas presentadas ante el tribunal incluyen un acta de nacimiento del Registro Civil, así como un estudio de ADN que excluyó vínculos de paternidad y maternidad de las personas identificadas como sus progenitores. Además, se han incorporado testimonios de personas cercanas al denunciante que corroboran sus afirmaciones sobre la irregularidad de su adopción.
Durante un allanamiento en el domicilio de la obstetra, se encontraron elementos que refuerzan las acusaciones, incluyendo un “certificado de nacido vivo en blanco” y talonarios de recetas en blanco. Estas evidencias sugieren que la obstetra tenía acceso a documentos que le permitían alterar la identidad de los recién nacidos.
El juez Vera Barros ha determinado que D.E.V. actuó con conocimiento y capacidad para falsificar documentos, lo que ha llevado a su procesamiento por delitos de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años, así como falsedad ideológica de documento público. Asimismo, se ha ordenado un embargo sobre sus bienes por un total de $10 millones.
Fuente: NA
