El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, ha presentado una iniciativa para reformar parcialmente la Constitución provincial, la cual eliminaría las elecciones legislativas de medio término y extendería los mandatos de diputados y senadores elegidos en 2025 hasta 2031. Esta propuesta ha suscitado inquietudes, especialmente por la falta de información sobre el costo que podría implicar para la Convención Constituyente.
El avance legislativo y los requisitos necesarios
El Senado provincial ha emitido un despacho que permite el debate sobre la declaración de necesidad de la reforma, que requiere una mayoría agravada para su aprobación: seis votos de nueve en la Cámara alta y 29 de 43 en la Cámara de Diputados. Aunque el dictamen habilita la discusión, no modifica aún la Constitución ni extiende mandatos de manera efectiva.
Controversia sobre la sincronización electoral
Uno de los aspectos más debatidos de esta propuesta es una cláusula transitoria que busca alinear las elecciones legislativas con las del gobernador. Los legisladores elegidos en 2025 recibirían un mandato de cuatro años, con vencimiento en 2029, pero si la reforma se aprueba tal como está, podrían permanecer en sus cargos por dos años adicionales, lo que generaría críticas por el posible beneficio que obtendrían los actuales legisladores.
Reacciones de los partidos políticos
El sector Identidad Radical, parte de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis, considera que la prórroga representa una violación de la soberanía popular, argumentando que los legisladores no deben modificar los plazos de sus mandatos en su propio beneficio. Por su parte, el Partido Justicialista ha rechazado la iniciativa, pidiendo su archivo, y ha señalado la falta de consultas públicas antes de avanzar sobre un tema tan fundamental como la organización de los poderes en la provincia.
Implicaciones para el futuro y gastos no especificados
La propuesta también afecta al propio Poggi, quien podría presentarse a la reelección en 2027, completando un segundo mandato hasta 2031 si resulta electo. La iniciativa prevé la creación de una Convención integrada por 52 miembros, elegidos en la próxima elección general, con un período de sesión de 60 días, prorrogable por otros 30. Sin embargo, el proyecto no establece un límite de gastos ni detalla el presupuesto necesario para su funcionamiento, lo que ha generado más críticas en un contexto de urgencias económicas, incluida una pobreza del 30,1 por ciento en la región.
Cambios adicionales en la propuesta
Entre otros cambios propuestos, se incluye la ampliación de las sesiones ordinarias, la incorporación de un balotaje para gobernador, el reconocimiento del agua como un derecho humano, y un límite de edad para jueces y funcionarios. La reforma, si se aprueba, podría llevar a una mayor concentración del poder en el Ejecutivo, lo que ha sido motivo de preocupación por parte de la oposición.
Fuente: NA
