La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ha tomado una decisión que complica aún más la situación jurídica de Claudio Ariel De Vincentis, jefe de seguridad del complejo Nordelta, al rechazar su solicitud de acceder a una suspensión del juicio a prueba, conocida como «probation». De Vincentis es acusado de alertar a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, sobre un inminente allanamiento policial en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Según Arroyo Salgado, la conducta de De Vincentis fue calificada como un encubrimiento agravado, no solo por el delito que precede a su acción, sino también por su condición de funcionario público. Inicialmente, De Vincentis estaba procesado por desobediencia y estorbo a un acto funcional, lo que le permitía enfrentar un juicio correccional con una pena máxima de tres años. Sin embargo, la decisión de la jueza implica que su caso será remitido a los tribunales orales federales de San Martín, donde podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión efectiva.
La magistrada fundamentó su decisión en que, aunque De Vincentis se encuentre en estado de retiro, esto no extingue su condición de policía. La ley orgánica de la Policía Federal establece que los funcionarios retirados deben colaborar con el mantenimiento del orden público y la prevención del delito. En este contexto, la jueza argumentó que De Vincentis actuó desde una posición de control, lo que refuerza la gravedad de su accionar.
Defendido por Guillermo Soares Gache, excolaborador de Patricia Bullrich, De Vincentis alegó que acudió al lugar por responsabilidad funcional y que no generó demoras en el operativo. Sin embargo, los tribunales han determinado que interfirió en el procedimiento, lo que quedó evidenciado en comunicaciones internas donde ordenó a sus empleados no proporcionar información a las fuerzas de seguridad sin autorización previa.
Los hechos en cuestión ocurrieron en la noche del 21 y la mañana del 22 de agosto, cuando se llevaron a cabo allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello. El operativo buscaba recopilar evidencia relacionada con una presunta asociación ilícita que habría estado involucrada en el cobro de sobornos a droguerías. La actuación de De Vincentis ha sido vista como un obstáculo significativo a la investigación, lo que ha llevado a la jueza a descartar la posibilidad de una probation en su caso.
Fuente: La Nación
