Después de un largo litigio que se extendió por casi nueve años, la Justicia ha ordenado al municipio de Colón que repare y mantenga los caminos rurales que dan acceso al establecimiento agrícola La Querencia SA. La decisión, emitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino, impone una tarea urgente al actual intendente, Waldemar Giordano, quien tiene un plazo de 60 días para cumplir con esta resolución.
Waldemar Giordano, de 47 años y abogado de profesión, ha tenido una trayectoria marcada por su vinculación con la administración pública. Desde su elección como concejal en 2013 por el Frente para la Victoria, ha desempeñado diversas funciones, incluyendo su rol como jefe de la oficina de Anses en Colón, cargo que ocupó en dos períodos: de 2010 a 2015 y nuevamente desde 2019 hasta 2023.
En las elecciones de 2023, Giordano logró consolidar su liderazgo al vencer en la interna del peronismo y posteriormente en las elecciones generales, donde obtuvo el 54% de los votos en su distrito. Su cercanía política con La Cámpora ha sido una constante en su carrera, identificándose como un militante activo dentro de esta organización.
La reciente orden judicial tiene su origen en un conflicto que comenzó en 2017, cuando La Querencia SA reclamó por el deterioro de los caminos rurales. A pesar de la larga duración del litigio, ahora Giordano debe actuar para cumplir con la sentencia y atender las demandas de los productores locales, quienes han expresado su descontento por la situación de la red vial rural, crucial para la actividad agrícola.
El vínculo de Giordano con el campo no ha sido fácil. Durante su gestión como concejal, impulsó la finalización de la concesión del predio que la Sociedad Rural de Colón utilizaba desde hace más de 50 años, lo que generó una fuerte oposición entre los ruralistas y ha afectado la relación entre el intendente y este sector. El reciente fallo judicial representa no solo un desafío administrativo, sino también una oportunidad para mejorar la comunicación y la cooperación con los productores de la región.
A medida que se aproxima la fecha límite para la ejecución de la sentencia, la presión sobre Giordano aumenta, en un contexto donde la oposición también critica su gestión y plantea cuestionamientos sobre la administración municipal. La resolución de este conflicto podría ser un punto de inflexión para su administración y su relación con el sector agropecuario local.
Fuente: La Nación
